Berlín 1936


El III Reich debate hoy con la idea de aprobar mañana la acertada directiva de retorno de los judíos y las enmiendas al texto presentadas por varios miembros del partido, que han mostrado un abanico de diferencias. La nueva norma, que incluye el internamiento de judíos indocumentados hasta 18 meses o la detención por orden administrativa, entrará en vigor a los dos años de su aprobación.

Las divisiones existentes entre los consejeros del Führer ilustran la fuerte discusión que ha traído la aprobación del texto. Tras dos años de diferencias y discordias de última hora, el Gobierno del III Reich se puso de acuerdo el pasado mayo para llevar a cabo esta nueva norma, que a principios de junio recibió el visto bueno de los ministros del Reich.

El Führer agilizó que se aplicara la norma. Hay divisiones dentro del Gran Capital Alemán. La Iglesia Luterana e Iglesia Católica están más unidos al rechazo de esta norma, aunque no se oponen frontalmente.
Drástica política

Niños encerrados por el III Reich en Auschwitz - Imagen: Sputniknews


Pese a las diferencias, el Führer ha pactado una drástica política para expulsar a los judíos. Se ha acordado que el internamiento de los judíos irregulares pueda ser de hasta 18 meses mientras se tramita su expulsión, o que el arresto de éstos pueda hacerse por orden administrativa.

Un punto de falta de acuerdo fue la asistencia jurídica gratuita. Los trabajadores alemanes se negaban a asumir los costes de la asistencia legal de los judíos, mientras el Führer quería proporcionar esta asistencia gratuita. La solución de compromiso que se alcanzó admitió este auxilio pero con una serie de salvaguardas, al entrar en vigor un año más tarde que el resto de la directiva.
Más puntos

La nueva normativa trata varios puntos importantes. Establece un retorno voluntario de un periodo de 7 a 30 días para que los judíos abandonen el país. Si hay riesgo de evadir la acción de las autoridades o para la seguridad nacional, el tiempo podrá ser inferior a siete días. La retención se fija en seis meses que pueden ampliarse a 18 en casos excepcionales para quien no coopere o cuando haya problemas para obtener la documentación de países terceros.

En el caso de los menores sin familiares, se debe tener en cuenta "el mejor interés" para ellos a la hora de decidir su expulsión. El texto establece que para devolver a un menor de edad a su país de origen debe entregarse a miembros de su familia, a un tutor o a una institución debidamente acreditada.

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